• Adonis Reynoso

Estados Unidos resalta corrupción e impunidad en RD; cita supuesto soborno para Punta Catalina

SANTO DOMINGO.-El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este miércoles que si bien el gobierno dominicano tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, “hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”.

En su acostumbrado informe anual sobre los Derechos Humanos correspondiente a este año, el departamento de Estado indica que el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad” y destaca que el Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. Indicó que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.

“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, dice el informe. Señala que la constructora brasileña Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.

“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”, precisa. El informe también se refiere a los casos de violación a los derechos humanos de parte de la Policía Nacional, el caso Marino Zapete, casos de discriminación a personas viviendo con VIH, entre otros temas.

A continuación el texto completo del informe: Informes de país de 2019 sobre prácticas de derechos humanos: República Dominicana 11 DE MARZO DE 2020 Resumen Ejecutivo La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En 2016, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue reelegido presidente por un segundo mandato de cuatro años. Observadores externos imparciales evaluaron la elección como generalmente libre y ordenada.

La Policía Nacional y la Policía de Turismo mantienen la seguridad interna. Reportan al Ministro del Interior y de la Policía y, a través de él, al presidente. La Autoridad de Seguridad del Aeropuerto, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad doméstica e informan al Ministerio de las Fuerzas Armadas y, a través de ese ministerio, al presidente.

La Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, informa directamente al presidente. El Departamento Nacional de Inteligencia informa directamente al presidente. Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad doméstica. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; Detención arbitraria; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; interferencia arbitraria con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; difamación criminal para periodistas individuales; grave corrupción gubernamental; violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); y trabajo forzado e infantil. El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios.

FUENTE: eldia.com

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