• Adonis Reynoso

Las juntas municipales tienen amplios poderes en comicios

La Constitución y dos leyes otorgan poder a las juntas electorales en los procesos comiciales del nivel municipal, como el que celebrará la República Dominicana el próximo 16 de febrero para elegir los candidatos que ocuparán 3,849 cargos en los ayuntamientos del país, concernientes a alcaldes, regidores, director y vocales de juntas municipales. Con rango constitucional, a partir de la Carta Magna del 2010, estas entidades tienen dualidad de funciones: administrativas y contenciosas, las primeras reguladas por la Ley 15-19, orgánica de régimen electoral, y las segundas, por la Ley 29-11, orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE). En el aspecto administrativo, no solo son responsables de admitir o rechazar las candidaturas en el nivel municipal, sino que les compete designar a los miembros de cada colegio electoral de su jurisdicción, velar por la distribución adecuada y oportuna de equipos y materiales, verificar el cómputo de votación y formular la relación general del municipio, así como la relación de candidatos electos, expedir los certificados de elección y proclamarlos. En materia contenciosa, la Ley 29-11 le da categoría de tribunales de primer grado. En tal virtud, les otorga potestad para anular las elecciones en uno o varios colegios electorales; dictar medidas cautelares para garantizar la protección del derecho al sufragio. La ley le concede facultad al TSE para asignar otras competencias a las juntas electorales, por lo que en su reglamento contencioso las facultó para conocer acción de amparo electoral para tutelar el derecho al sufragio de los ciudadanos de forma exclusiva el día de las elecciones. También, para conocer las impugnaciones contra el nombramiento de miembros de colegios electorales; para decidir en primera instancia las protestas en el proceso de votación y los reparos que hagan los delegados de los partidos y agrupaciones que sustenten candidaturas el día de las votación en contra de los procedimientos sobre el cómputo electoral en cada demarcación. Cuando las decisiones de las juntas electorales generan controversias o inconformidades, por mandato constitucional y legal, solo pueden ser recurridas al TSE, la Alta Corte especializada en materia electoral que creó la Constitución del 26 de enero 2010. Para el proceso electoral de febrero, las 158 juntas electorales admitieron 17,357 candidaturas y rechazaron 2,662. El TSE fue apoderado de 292 recursos de apelación y de amparo contra resoluciones de esos organismos, tanto contra las que aceptaron propuestas de los partidos políticos como las rechazadas.

FUENTE: listindiario.com

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